El gobierno peruano establece los lineamientos para el uso ético y seguro de la Inteligencia Artificial para el sector público y privado del país. La Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM fue aprobada el pasado 1 de mayo, iniciando así una era digital para el país de la mano del Estado.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, busca modernizar el aparato estatal y erradicar la burocracia mediante el despliegue obligatorio de algoritmos en ministerios y municipalidades. No obstante, frente al temor del desplazamiento laboral en el sector público se aclara que la norma no reemplaza el factor humano; por el contrario, tiene como objetivo “fortalecer el ecosistema nacional de inteligencia artificial para impulsar la innovación, desarrollar el talento humano y promover la colaboración entre los sectores público, privado, académico y la sociedad civil, garantizando el respeto de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad.”
En el ámbito de la protección ciudadana, el marco regulatorio no opera en un vacío legal, sino que se articula con el “Código de Protección y Defensa del Consumidor”. Ante decisiones automatizadas o indeseablemente discriminatorias por parte de perfiles algorítmicos en bancos o empresas, el abogado Fredy Eusebio especialista en propiedad intelectual enfatiza que, la responsabilidad recae directamente sobre la entidad que emplea la herramienta y no sobre el software, permitiendo la fiscalización activa de INDECOPI. Del mismo modo, la privacidad de los usuarios queda blindada bajo la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales), la cual establece que la información sensible, incluyendo los datos del DNI, es sagrada y requiere un consentimiento explícito antes de ser procesada en cualquier base de entrenamiento tecnológico. Ante el aumento de ciberdelitos y suplantaciones de identidad, las leyes peruanas ya no se limitan a la vía civil, ahora imponen castigos penales drásticos para frenar estas amenazas, la Ley N.° 32314, indica que estas conductas pasan de una estafa común a un delito informático de gravedad.
Finalmente, la ENIA 2026-2030 se presenta como un intento de sacar al Perú de su rezago digital en la región, buscando un equilibrio técnico entre el desarrollo de la innovación y la protección irrestricta de los derechos fundamentales del ciudadano de a pie; además de ser una necesidad frente a la evolución digital de países internacionales.
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